Cristina, el mismo día del gol de Palermo, envió al Congreso el proyecto de ley con un nuevo Estatuto del Peón Rural.
Todos los argentinos sabemos que la mayor explotación laboral es la que sufren los trabajadores rurales, tanto sean hombres, mujeres o niños.
El proyecto beneficiará a 1.300.000 trabajadores y fija derechos que esta altura de la humanidad parece increíble que no se protejan.
Esta nueva propuesta se basa en la aplicación de la Ley de Contrato de Trabajo que ampara al conjunto de los trabajadores, pero que no se incluía a esta actividad ni a otras como el trabajo a domicilio o el trabajo en casas particulares.
Estas dos últimas actividades se regularán con los proyectos que ya elaboró el Ministerio de Trabajo y que fueron enviados al Congreso para su tratamiento y aprobación (cuando la oposición lo permita).
El proyecto del Estatuto del Peón Rural establece los siguientes beneficios:
Fija que son 8 las horas laborales por jornada, con lo cual se termina con la explotación de “sol a sol”.
Determina licencias parentales de 15 días corridos y de 90 días para la licencia por maternidad.
Se prohíben las tareas a partir de las 13 horas los días sábados.
Se implementa el sistema de horas extras.
Se crean los “jardines de cosecha” en donde podrán estar los menores mientras sus padres trabajan.
Se prohíbe, en forma explícita, el trabajo infantil.
No se establecen períodos de prueba cuando ingresan los trabajadores.
Para que los empresarios rurales registren a sus trabajadores se reducirán las cargas sociales durante 2 años.
Las remuneraciones se fijarán anualmente y nunca podrán ser inferiores al salario mínimo vital y móvil.
Estas son algunas de las medidas que propone este proyecto elaborado por el Ministro de Trabajo, Carlos Tomada y que viene a terminar con una ley, como tantas otras, que viene desde la época de la Dictadura Militar cuando derogó el “Estatuto del Peón” establecido durante el primer gobierno de Perón,quitando los beneficios a los trabajadores rurales que se había establecido en esa norma legal.
Cristina mandó el proyecto; ahora el Congreso debe debatirlo, modificarlo, si es necesario, y aprobarlo para terminar con una de las prácticas laborales más cercanas a la esclavitud.
