Por Sebastián Premici, El diputado Héctor Recalde explica de qué manera se planteará la discusión por el aumento de la jubilación y admite que debe ser una política de Estado
El debate por el 82 por ciento móvil para las jubilaciones mínimas produjo un duro enfrentamiento entre el oficialismo y el conglomerado opositor en el Congreso. Desde los partidos políticos opositores estiman que llevar la jubilación mínima de los actuales 890 pesos a 1.300 pesos tendrá un costo para el Estado de treinta mil millones de pesos anuales. Durante la entrevista con Debate, el diputado Héctor Recalde, del Frente para la Victoria, señaló que el cálculo parte de una base equivocada, ya que este mes el Gobierno podría aumentar el salario mínimo -que actualmente es de 1.500 pesos-, por lo que se necesitarían más recursos para financiar el proyecto opositor. En este sentido, el legislador propone dar el debate sobre el sistema jubilatorio, y pensar en nuevas formas de financiamiento, como restablecer las contribuciones patronales, aumentar las retenciones a la soja o crear un impuesto para las grandes empresas.
Dado el actual contexto económico, ¿cree que hay que llevar la jubilación mínima al 82 por ciento del salario mínimo, vital y móvil?
Siempre la frazada resulta escasa, esto se da por la propia historia que arrastramos. También existen varios sectores de la economía formal cuyo salario es reducido en relación a sus necesidades monetarias. De todos modos, por más que todavía tengamos desafíos por delante, no quiere decir que los trabajadores no hayan mejorado sus condiciones de vida a partir de la adquisición de ciertos derechos. Lo mismo ocurre con los jubilados. La insatisfacción general de las personas no terminará hasta tanto mejoren todas sus condiciones de vida, así que, desde un punto de vista lógico, los aumentos son siempre requeridos y con justicia. Ahora, lo que es injusto es que se coloque a este gobierno como negador de los derechos de los jubilados. La cantidad de beneficiarios pasó de tres millones en 2003 a 5,5 millones en la actualidad. Hoy se jubilan nueve de cada diez mujeres y hombres que están en edad para hacerlo, y la jubilación mínima tuvo 17 aumentos otorgados por el Poder Ejecutivo. Ahora, los haberes provisionales se actualizan por ley, como había establecido la Corte Suprema de Justicia. La oposición está apostando a dar golpes bajos, efectistas, cuando en realidad deberíamos discutir políticas de Estado, sin hipocresías.
Igual, el debate por el 82 por ciento móvil no es una bandera del actual conglomerado opositor sino que se lo pedía desde hacía varios años desde la CTA.
El 82 por ciento móvil, aunque sea utópico, es bueno que se plantee y se ponga la discusión en el seno de la sociedad. Pero no es algo que se pueda dar de la noche a la mañana. Uno no puede enajenarse de su propia historia y de la historia de su país. La desfinanciación del sistema previsional comenzó en 1958, con sucesivos recortes a las jubilaciones y planes económicos que desfinanciaron el sistema. Hace cincuenta años había once aportantes por cada beneficiario, luego se pasó a los siete aportantes, luego a los cuatro y, actualmente, la relación es 1,5 aportantes por cada beneficiaro. No podemos plantear un tema tan de fondo para el sistema previsional sin tener en cuenta las consecuencias de la flexibilización laboral, la tercerización, que es aprovechada por las grandes empresas para reducir costos y precarizar las condiciones de trabajo. Esto hace que el cuarenta por ciento de la población esté en condiciones de informalidad. De ninguna manera hay que resignar la pelea por avanzar gradualmente en crear mejores condiciones para el sistema provisional, pero hay que tener en cuenta todos los factores que nos colocaron en esta instancia. Cuando discutimos la movilidad jubilatoria, en 2008, hubo compañeros de otros bloques -de centro izquierda- que llegaron a decir que el primer aumento iba a ser del tres por ciento, cuando resultó ser de casi el veinte por ciento. Por suerte, se equivocaron. La pregunta es qué pasará si con su intención de aumentar la jubilación mínima de 890 a 1.300 se equivocaran en el cálculo y terminaran desfinanciando todo el sistema.
La oposición calcula que se necesitarán aproximadamente treinta mil millones de pesos anuales, que podrían sacarse del superávit operativo de la Anses o del stock de divisas que está en el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (que asciende a 150 mil millones de pesos). ¿No sería una alternativa?
Hay una falencia de origen. La oposición calcula establecer el 82 por ciento móvil sobre un salario mínimo de 1.500 pesos. Pero este mes, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner convocará al Consejo del Salario para modificar esa suma. No quiero dar un número específico para no generar falsas expectativas, pero de lo que estoy seguro es de que el salario mínimo no quedará en los 1.500 pesos actuales. Por otro lado, hay una gran confusión entre lo que son flujos de fondos y el stock acumulado en el Fondo de Garantía. Financiar un proyecto de estas características con ese fondo es desfinanciar el sistema previsional -que hoy asiste a toda la economía- en pocos años.
Hay otra iniciativa del Proyecto Sur, que apunta a restablecer las contribuciones patronales al nivel que tenían antes de que Domingo Cavallo las redujera, en 1993.
Ésa es una discusión interesante. Llevar nuevamente las contribuciones patronales al 33 por ciento es una posible fuente de financiación para un proyecto de estas características. Cuando se aprobó la eliminación de los ticket canasta, mecanismo por el cual las empresas no realizaban aportes a la seguridad social, se hizo de manera gradual, en diez bimestres (ndr: la eliminación de los tickets produjo un beneficio anual para el Estado de 1.600 millones de pesos). Con las contribuciones patronales también habría que avanzar de manera periódica. Si las aumentamos de golpe, los empresarios van a reaccionar y trasladar los aumentos a los precios. La gradualidad puede ser un reaseguro. Lo importante es que haya un debate serio y colocar este tema dentro de una cuestión de Estado, para no hacer demagogia.
¿Piensa que hay sectores dentro del Congreso que desean volver al sistema privado de jubilaciones?
Muchos todavía tienen en la cabeza las privatizaciones. El neoliberalismo no desapareció del todo, hoy viene travestido, pero de ninguna manera se acabó. Por eso, es bueno el debate sobre los recursos del Estado. Ésta puede ser una discusión que deje al desnudo la ideología de cada sector. Hay que ver si los que hoy reclaman el 82 por ciento móvil estarían dispuestos a aumentar las contribuciones patronales o, incluso, las retenciones agropecuarias para financiar su proyecto. Éste es un debate que no admite hipocresías.
¿Por qué mencionó las retenciones?
Es una idea. Los sectores agropecuarios siguen ganando mucha plata con la soja, así que podría plantearse un nuevo esquema de retenciones para este cultivo, donde a su vez se beneficie a los pequeños productores, al estilo de la resolución 125 que tratamos en el Parlamento. También podríamos impulsar el fondo anticrisis, un proyecto de mi autoría, para cobrar una alícuota a las empresas que ganen muchísima plata. Es decir, discutir recursos para financiar el sistema público de las jubilaciones. La estrategia del oficialismo será dar el debate para que queden al desnudo las posiciones de cada sector. Evita dijo “bienvenidos los rezagados”. No me importa que estén dentro de la discusión aquellos que alguna vez recortaron de un plumazo los haberes de los trabajadores y los jubilados. El pasado existe, pero no lo usemos como una chicana. Pero si hay alguien que no tiene autoridad moral para hablar del 82 por ciento móvil es Julio Cobos, que vetó un proyecto en su provincia, que después se vio obligado a aplicar por la presión de su Legislatura.
Si el proyecto opositor llegara a ser ley, ¿sería vetado por la Presidenta?
Todavía hay mucho camino por recorrer. El veto es un elemento constitucional y el debate parlamentario forma parte de la política. En la comisión de Previsión de la Cámara de Diputados no hubo debate, la oposición llegó al encuentro con un dictamen ya elaborado. Lo peligroso de todo esto es generar frustraciones, decir que te voy a dar el 82 por ciento móvil y, a la vez, destruir el sistema previsional. Además, hay otro dato relevante: existe una gran cantidad de proyectos que apuntan a desfinanciar al Estado nacional, como la ley para coparticipar el Impuesto al Cheque (ndr: una vez que el Gobierno anunció el plan para refinanciar las deudas provinciales, la oposición dejó de presionar en Diputados por el tratamiento de la media sanción), y quitarle a la Anses los fondos que recibe por la precoparticipación. Es una política esquizofrénica. Se pretende reducir los ingresos fiscales pero, por otro lado, aumentar el gasto, es algo esquizofrénico en sí mismo. Y acá no existe la inimputabilidad, al menos desde lo político.
En relación a la falta de debate, la oposición reclama que la Comisión de Presupuesto -manejada por el kirchnerismo- no se reúne, lo que constituye un freno para su estrategia. Ahora dicen que podrían impulsar el cambio de autoridades dentro de esa comisión, que resulta clave para la gestión del Ejecutivo. ¿Qué van a hacer desde el oficialismo?
No hubo ningún planteo sobre este tema dentro del bloque. Sé que la oposición amenazó con quitarle al FpV la Comisión de Presupuesto luego de no haber participado de un encuentro conjunto con Previsión la última semana. Pero hay pactos políticos ya realizados, que si se violaran, serían una grave ruptura de la calidad institucional. El tema es no judicializar la política. Creo que en muchos sectores políticos primará la razonabilidad. Sin embargo, si insistieran con quitarnos las comisiones claves para la gestión del Gobierno, daríamos pelea. Uno puede perder una votación circunstancialmente, pero de ninguna manera perderemos la batalla. Una mayoría circunstancial no nos hará aflojar. Lo dije el 29 de junio del último año, el conglomerado opositor, el famoso Grupo A (RH negativo), no nos ganó, perdimos nosotros. Ahora nos estamos recomponiendo y seguiremos dando el debate.
