Las entidades de Defensa del Consumidor participarán del proceso. Una resolución publicada en el Boletín Oficial aseguró la gratuidad del cambio: no cobrarán derechos de conexión, y los abonos no podrán ser más caros.
A una semana de revocar a Fibertel la licencia para prestar Internet, el interventor de la Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC), Ceferino Namuncurá, coordinó ayer la segunda reunión de usuarios para clarificar el panorama de la migración del 1,1 millón de clientes que tendrán 90 días para buscar otro prestador. Basándose en la resolución 102 de la Secretaría de Comunicaciones, publicada ayer en el Boletín Oficial, Namuncurá sostuvo ante las asociaciones que los proveedores de Internet que reciban a los clientes de Fibertel no podrán cobrar derechos de conexión ni abonos más caros de los que ya pagaban los usuarios de la ex licenciataria. La información, adelantada el sábado por Tiempo Argentino, fue uno de los interrogantes centrales que llevaron los organismos a la reunión. “También hicimos hincapié en la necesidad de garantizar que el servicio llegue a lugares en los cuales no hay otra conexión. Y la comisión se comprometió a cumplir”, explicó Pedro Busetti, presidente de Deuco.
Namuncurá adelantó a una docena de asociaciones presentes una serie de medidas que se concretarán en los próximos días: en primer lugar, se les otorgó a las organizaciones la posibilidad de participar en el monitoreo del cumplimiento de la gratuidad y la prestación del servicio con la calidad requerida. Si bien la CNC es la encargada de conducir, los usuarios aclararon a este diario que “sumaremos denuncias que se den entre reunión y reunión con la CNC, para cubrir las necesidades e inconvenientes a nivel nacional”. Según explicó Sandra González, de Adecua, “haremos informes de lo que pasa en el Interior, mediante nuestras delegaciones”, y agregó que “pedimos que se cree un archivo donde se guarden las publicidades que salen en los medios con las ofertas del servicio, para que luego las empresas que se comprometieron con un valor, lo cumplan”. Además, habrá links a los sites de las ONG de defensa de usuarios en la página de la CNC, y viceversa.
En segundo término, y si bien no se confirmó aún la fecha, se convocará a una conferencia de prensa con las cámaras de empresas de Internet y los consumidores, donde se comunicará públicamente la migración gratuita y sus condiciones. Por otra parte, se definirá una línea 0800 exclusiva para dudas por el tema Fibertel; y ya está definido un nuevo correo electrónico (consultas@cnc.gov.ar) exclusivo para esta cuestión. Además, la CNC habilitó desde ayer el mapa de empresas y cooperativas que pueden prestar Internet en todo el país, al que se puede acceder desde la web del organismo. Justamente, ayer, y a través de solicitadas en los medios, la última parte del listado de proveedores que ofrecen Internet en todo el país, donde figuran licenciatarios de Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, San Luis, San Juan, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero, Tierra del Fuego y Tucumán. El cronograma de encuentros entre usuarios y la CNC seguirá el próximo martes por la tarde. Además, según confiaron desde los organismos, habrá por lo menos dos encuentros por semana de carácter interno entre las asociaciones, para coordinar la información que luego se volcará en los contactos con el ente regulador.
Informes. Ante la relevancia y la vinculación con los usuarios que tomó el tema Fibertel en los últimos días, la Defensoría del Pueblo decidió ayer pedir informes de situación a Cablevisión, la CNC y la Secretaría de Comunicaciones. El Adjunto I a cargo de la Defensoría, Anselmo Sella, aclaró que se trata de una investigación que tiene por objeto tomar conocimiento directo de las circunstancias que motivaron la declaración de caducidad de la licencia de Fibertel. En la actuación iniciada, Sella señaló que “es imprescindible que se garanticen los derechos de los usuarios de la mencionada empresa, que cuenta aproximadamente con 1 millón de abonados”. Indicó que “resulta necesario investigar si la empresa operó al margen de la normativa específica en la materia, como así las razones por las cuales el Estado habría permitido a la empresa prestar el servicio de manera irregular durante un importante período de tiempo”. “Los únicos perjudicados son los usuarios, quienes de buena fe contrataron a un proveedor de Internet que entendían se encontraba autorizado a ofrecer el servicio, vulnerándose así sus derechos garantizados por el artículo 42 de la Constitución Nacional”, puntualizó el funcionario.